NeoFronteras

En las Naciones Unidas se está debatiendo una posible ley que permita controlar la explotación de los recursos genéticos de los organismos que viven en aguas internacionales.

Cuando se inventó el sistema de patentes se hizo para fomentar la actividad investigadora y reconocer los logros intelectuales. Entonces, cualquiera que tuviera una buena idea la podía patentar y vivir de ella.

Desde entonces las cosas han cambiado. Las patentes son algo tan caro y complicadas que sólo grandes empresas y corporaciones pueden permitirse ese lujo. Muchas veces las patentes son usadas incluso como un arma contra otras compañías.

Por desgracia, la legislación norteamericana es incluso peor que la europea. Allí se pueden patentar alegremente algoritmos (una fórmula matemática) o secuencias genéticas.

Ahora las Naciones Unidas celebran un congreso en Nueva York en el que se discute sobre cómo conseguir acuerdos para proteger la biodiversidad en las aguas internacionales de los océanos. Se tienen esperanzan de crear zonas de reserva en los mares fuera de las millas jurisdiccionales de los distintos países en donde la pesca esté regulada o incluso prohibida.

Según una nota de Science, gran parte de las discusiones se centrarán en las patentes de secuencias genéticas de la vida marina. En concreto, cómo conseguir regular la explotación de esos genes recolectados más allá de las jurisdicciones nacionales.

No es la primera vez que se trata algo así. El protocolo de Nagoya de 2010 contra la biopiratería, subscrito por 105 países, impide la extracción de recursos biológicos de cualquier tipo (incluyendo los genéticos) de los seres vivos que están en los ecosistemas de cualquier país sin el debido permiso o compensación al mismo. El problema es que este tratado no se aplica en las aguas internacionales que están más allá de las 200 millas náuticas de las costas de cualquier nación.

Pero ahora, fuera de cualquier jurisdicción nacional, las compañías campan a sus anchas patentando a troche y moche lo que la evolución ha estado perfeccionando durante millones de años. Para hacernos una idea, sólo la compañía BASF posee cerca de 13.000 patentes de secuencias de ADN de organismos marinos.

Muchas compañías pertenecientes a los países desarrollados (o esos mismos países) no tienen dificultad a la hora de descubrir genes en los organismos marinos que, una vez patentados, permitan la síntesis de productos químicos, fármacos o mejoren los cultivos. Pero, por otro lado, las naciones en vías de desarrollo no pueden hacer eso mismo y se ven abocadas a comprar a altos precios esos mismos productos. La información genética debería ser de todos y no del primero que llega.

Algunas naciones se han comprometido a asegurar que se comparta el conocimiento adquirido a partir de los genes de organismos encontrados en aguas internacionales.

La primera patente de ADN fue concedida en 1988 sobre secuencias genéticas de la anguila europea. Desde entonces 300 compañías y universidades se han dedicado a reclamar patentes sobre 862 especies marinas, en especial extremófilos, como los genes de los organismos que viven en las chimeneas hidrotermales oceánicas.

El colmo llega por parte de compañías como BASF, cuyas reclamaciones de patentes ni siquiera se basan en investigaciones propias en la mayoría de los casos, sino en los datos de dominio público conseguidos por los científicos de organismos públicos de investigación. De este modo han conseguido 5700 secuencias genéticas, algunas de las cuales pretenden aplicar a los cultivos agrícolas. Todo ello, pese a la dudosa moral, no es ni siquiera ilegal.

No hace falta decir que la discusión está dividida entre las naciones ricas, que quieren seguir como hasta ahora, y las pobres, que esperan que el nuevo tratado se inspire en la filosofía de herencia común de la convención de la Naciones Unidas sobre la ley del mar de 1982. Según este tratado, los minerales que se hayan en los fondos oceánicos son de la herencia común de la humanidad.

Aplicando una filosofía similar a las secuencias genéticas implicaría pagar a una fundación para compensar a las otras naciones por el uso de ese recurso común y posiblemente subvencionar así la investigación científica y la conservación en esas naciones.

Países como EE.UU, Japón o Rusia se oponen a este tipo de lenguaje de «herencia común».

La Unión Europa no se niega a ello, pero espera que haya salvaguardas para que no se den casos de injusticia en la bioprospección en aguas internacionales. Una posibilidad es permitir a las compañías realizar estas prospecciones, pero que estuvieran obligadas a publicar las secuencias que descubran. También podrían guardar en secreto algunas secuencias con utilidad económica mientras que se dan los trámites de patentes y una vez realizados los pagos a la fundación internacional. De este modo, se podría financiar la investigación científica en los países en vías de desarrollo.

Por otro lado, los científicos muestran su preocupación por un posible impacto negativo que este régimen regulatorio podría tener sobre la investigación científica no comercial. Por culpa del protocolo de Nayoya los científicos tienen ahora que realizar un montón de papeleo y burocracia, incluso cuando su fin es puramente científico y sin ánimo de lucro.

También podría ser que no se alcance el acuerdo y que se siga como hasta ahora, pero algunos expertos avisan que entonces la naciones pobres no tendrán ningún incentivo para proteger la biodiversidad en aguas internacionales al no sentir que esas aguas son de todos.

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Fuentes y referencias:
Noticia en Science.
Foto: Wikipedia.